LA SEGURIDAD PUBLICA EN VILO POR EL PEOR DE LOS BLOQUEOS.Opinión Ariel Torrez Guerra

A partir del terrible intento de quiebre de la cautiva democracia, generado por el fraude electoral y la resistencia violenta a dejar el poder en contra de la masiva voluntad popular, que no toleró mas el abuso y opresión, logrando una sucesión constitucional, instaurándose un periodo de transición democrático de cara a la consolidación de las elecciones nacionales, irrumpido insuperablemente por la pandemia del covit 19, circunstancia tan desafortunada para un país como Bolivia, donde nuestras limitaciones económicas y  sobre todo políticas,  generaron un caldo de cultivo para el asedio a la seguridad publica, en tanto estabilidad general, en términos de gobernabilidad y la administración general del Estado, visualizado muy ductilmente por grupo de hábiles bloqueadores.

Poniendo en contexto los alcances de la seguridad pública, diremos que es la función garantizadora que todo Estado debe entregar a sus habitantes, asegurando su tranquilidad y paz social, sosteniéndola libre y exenta de todo daño, riesgo o peligro, que afecte directamente el normal ejercicio de los deberes y derechos de gobernantes y gobernados; necesariamente aclarando que esta responsabilidad del Estado, se desagrega en sus órganos de poder, de administración y en sus niveles descentralizados, descartando de plano que solo es una competencia y responsabilidad final del ejecutivo, como erróneamente todos lo aprecian así. En consecuencia, es pertinente efectuar consideraciones respecto al desajustado desempeño corporativo de los dos tercios de mayoría legislativa, que en lugar de conformar un estamento de certidumbre y de esperanza, se constituye hoy en una vil trinchera de resistencia a la decisión popular, un mecanismo de presión y bloqueo al ejecutivo que incongruentemente es solventada por los contribuyentes.

Esta claro que el rol legislativo, es parte de los contrapesos y equilibrios imperfectos en todo sistema político de gobierno en democracia, aplica para fiscalizar, consensuar debatir, perfeccionar propuestas, modificar proyectos, etc, y lógico, legislar para beneficio de la sociedad, ya sea  complementando la legalidad en las políticas publicas, en la administración en general, en las relaciones internacionales, otro etc; pero, la distorsión operada por los legisladores prorrogados en sus funciones por una norma legal de carácter transitorio, han puesto de manifiesto, una clara evidencia de lo que no se debe hacer con el delicado rol legislativo, mas aun en esta situación de calamidad sanitaria, lo cual fue muy bien reflejado  por el importante rol de la prensa, casi en su totalidad; veamos algunas:

Acciones como, atribuirse con discurso desafiante, envalentonado y jurídicamente con sustento muy tenue, la titularidad de la presidencia de la Asamblea Legislativa, para operar las competencias de promulgación de leyes reflejando unilateralidad de visión, como la ley que reduce al 50 % el pago de los arriendos, en casas departamentos y negocios, sin análisis integral de la problemática en prospectiva; ley redundante e innecesaria sobre la seguridad laboral; ley que posterga la modificación de fecha de las elecciones avasallando competencias de otro poder del Estado al que nos tenían acostumbrados y ademas hoy como amenaza normativa; traba a la ley de créditos y posterior condicionamiento a su aprobación, para la sancionada ley del bono contra el hambre de 1000 Bs. que a mas de duplicar el monto, multiplicara el impacto a futuro; ley de diferimiento de pagos y créditos y servicios básicos ampliándola fácilmente hasta diciembre que alivia engañosamente generando una nueva deuda acumulada; ley de cumplimiento de derechos humanos, implicando que la Constitución Política y muchas normas concordantes no alcanzarían para precautelar las garantías; la inviabilidad definitiva, mas bien demandada al tribunal constitucional, referida a la simple ratificación para los ascensos de las FF.AA. y el olvido intencionado para no aprobar la ley del 10% para la salud entre muchas, tienen mal-intenciones superiores que no se perciben como los bloqueos viales y violentos.

Claramente son medidas que tienen altos componentes populistas de conveniencia de grupo, que embaucan con un envase social, disfrazando las verdaderas connotaciones, que acumularan problemáticas de administración muy dificultosas y complicaran mas adelante al gobierno que emergerá de las urnas, por tanto nos estamos refiriendo al peor de los bloqueos, maquinado desde los escritorios del legislativo, con instructivos  desde Buenos Aires, que no engañarán la conciencia y raciocinio colectivo, pese a la admisión y recepción de los beneficios.

Por tanto, resulta adecuado visualizar que la seguridad pública, como paraguas de la administración gubernamental, debe ser entendida en ese amplio espectro, cuando toque conocer las consecuencias cuantitativas y cualitativas de un proceso largo y que producto de la alternancia del poder ofrezca la posibilidad de una evaluación nueva, que también debe ser en función de país y no oblicua. Así, estas medidas de emergencia, primero bloqueadas y modificadas sin responsabilidad en prospectiva, también deben ser adecuadamente asumidas e informadas al ciudadano, sin apasionamientos, ni poniéndolas de banderas justificativas, sino planteando soluciones de consenso, que prevengan la disconformidad generalizada y que eviten las consecuencias de hecho y afecten el orden público, permitiendo ingresar en una estabilidad social que no bloqueen las exportaciones, el comercio interno, la función publica y la convivencia ciudadana en general.

EL AUTOR ES LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN SUPERIOR EN SEGURIDAD PUBLICA

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