La violencia hacia las mujeres, está muy lejos de extirparse en una sociedad donde prima un patriarcalismo silencioso, pero al mismo tiempo insalubre; cuyos cánones de configuración históricamente abigarrados en un oscurantismo decadente, impiden construir escenarios armónicos de respeto, igualdad, equidad y tolerancia en las interacciones sociales –principalmente familiares-, políticas, económicas e incluso culturales.
Varias fueron las manifestaciones y dicciones tendientes a cambiar estas atroces realidades, luego de constatarse habituales conductas de violencia retrograda y degradante que, literalmente, avergüenza al “género masculino”; pues externaliza ausencias, miserias y limitaciones de aquellos “seres”, cuya estrechez descomunal, no solo bloquea cerrilmente capacidades de discernimiento racional, sino también evidencia prácticas normalizadas de abuso, arbitrariedad e imposición vehemente de preceptos deleznables, pero hábilmente empleadas para resolver diferencias cotidianas emergentes.
Preocupa de sobremanera el legado que vamos dejando a las nuevas generaciones que observan atónitos, entornos de extrema violencia y, cuya regulación jurídica ha demostrado su ineficacia e insuficiencia para cambiar estas realidades. Ello se agrava aún más, cuando son testigos mudos de situaciones íntimas -que emergen dentro del hogar- donde el agresor descarga su ira e irritabilidad contra su pareja – llegando incluso a desenlaces fatales-, que no los exime, pues también suelen ser afectados directa o indirectamente.
Al parecer, la promulgación de la Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia (348), fue menesterosa; pues es innegable la vigencia de actos infames, ataques y agravios psicológicos, físicos y económicos contra la mujer. Según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, Bolivia es el país donde se registran más asesinatos a mujeres en Sudamérica. El 2018, se registró un total de 130 feminicidios. La cifra bajó para el 2019 con 117 asesinatos.
Desde el 01 de enero hasta el 26 de agosto de 2020, el país registra 83 casos de feminicidio a nivel nacional. La Paz, registra el mayor número (30) de casos; le sigue Santa Cruz (13); Cochabamba (12); Oruro (11); Beni (6), Potosí (4); Chuquisaca (3), Tarija (2) y Pando (2). Uno de estos casos que conmocionó al país, fue el cruel asesinato de Betsabé–víctima 79 de 83-, por su enamorado, Adán Boris Mina, ex teniente de Policía. Tras estar desaparecida desde el 11 de agosto, sus restos finalmente fueron hallados después de doce días, estableciendo que el deceso fue por disparo de arma en la cabeza.
Queda claro que la violencia contra la mujer es intensamente prevalente, siendo la violencia de pareja una de las formas más comunes y, por lo mismo, patentiza un “alto grado de vulnerablidad”; pues la mujer mantiene una relación con su verdugo. Tal situación se agrava si tomamos en cuenta la pandemia del Covid-19, que sin pensarlo –dado el confinamiento aplicado- se ha convertido en factor conveniente de aquellos cobardes agresores que ejercen violencia doméstica.
Más allá de interpelarlas políticas gubernamentales para frenar este flagelo que amenaza seguir incrementando estadísticas de nuevas víctimas por un “machismo retrograda e impune”, aprovechándose de leyes –como la 348-, cuya ineficacia e inconmensurable exigüidad de recursos; respaldo de reglamentaciones complementarias; así como un conjunto de políticas de Estado representan obstáculos a la protección y prevención de la violencia contra la mujer.
Ya no es momento de elucubrar discursos, programas y proyectos ilusos que se los lleva el viento, cual quimera inverosímil. Se trata de lograr que las leyes se apliquen con celeridad y prontitud; de ir borrando el tatuaje del dolor y la angustia de aquellas victimas que llevan en el cuerpo y en el alma, huellas de una violencia normalizada no sólo al interior de los núcleos familiares, sino también del propio sistema social, político, económico y cultural, que históricamente ha subyugado, discriminado y subvalorado el derecho a vivir con dignidad y libre de toda forma de violencia por razones de género.
MGR. MARCELO CHINCHE CALIZAYA
DOCENTE e INVESTIGADOR
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON – UMSS – CBBA
COLUMNA ENTRELINEAS
C.I. 4391643-Cbba
Fono: 4755442 – 73776440
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