La situación económica que atraviesa el país definitivamente merece un análisis profundo ajeno a cualquier tipo de apasionamientos sean estos de orden oficialista o de oposición; ya que los fantasmas de una inminente crisis fiscal asoman cada vez con más fuerza ante el accionar pusilánime de un gobierno desesperado por sostener la falacia del “milagro económico boliviano”.
Atrás quedó el marketing publicitado hasta el hartazgo del modelo económico que daba cuenta de la solidez y blindaje del sistema financiero al punto de equiparar nuestra realidad con la de países de primer mundo. Nada más falso e ilusorio de ese modelo incapaz de generar ingresos propios de manera sostenida y con resultados irrebatibles; pues su supuesta solidez y blindaje siempre estuvo apuntalado en el “déficit financiado con deuda”.
Las señales inminentes de esta crisis refieren a la caída estrepitosa de las reservas Internacionales (RIN), la imposibilidad de cubrir el aparatoso gasto estatal; el despilfarro sistemático de recursos en “obras faraónicas” sin sentido y las más de las veces, carentes de estudios de factibilidad efectuados en esta y en la anterior administración; la pesada e insufrible subvención a los hidrocarburos; la caída de los altos precios del petróleo en el mercado internacional que mermaron significativamente los ingresos por la venta de gas natural a Brasil y Argentina. A ello se agregan las prácticas perniciosas de un Estado que ahuyenta la inversión extranjera a través de violaciones sistemáticas a la propiedad privada; la subyugación del sistema judicial a los intereses de un gobierno que no ha dudado de utilizarla para promover persecuciones tributarias por doquier.
Empiezan a aflorar los efectos de este sombrío escenario como la falta de liquidez de recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) que no posee fuentes legítimas de dónde obtenerlos, sumados al fracaso porfiado del gobierno de recurrir a préstamos internacionales con tazas razonables. Esto último no debía de extrañarnos, ya que, a modo de ironía, significaría apreciar a un “Rey” recurrir a la casa del mendigo a cubrir sus necesidades básicas.
Al respecto, la agencia internacional de calificación crediticia Fitch Ratings (Nueva York–Londres), recientemente asignó a Bolivia una rebaja en la calificación de Incumplimiento de Emisor (IDR) de B a B-, que implica pasar de estable a negativa a raíz del agotamiento de reservas de liquidez externa, situación que incrementa la incertidumbre y los riesgos macroeconómicos a corto plazo. Como era de esperarse, los voceros de gobierno aún pregonan el “milagro de la economía boliviana” recurriendo al extenuado monólogo de la estabilidad económica post-pandemia y a un contexto de incertidumbre global. Pero, ¿hasta cuándo sustentarán tales argucias?
La desesperación por sostener su “milagro económico”, los ha llevado a recurrir insanamente a los fondos de las jubilaciones futuras de los bolivianos que, desde 1997 son controladas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) BBVA Previsión y Futuro de Bolivia. De acuerdo a los datos de la Autoridad de Fiscalización y Control de pensiones y Seguros (APS) a septiembre de 2022, el ahorro del Sistema Integrado de Pensiones (SIP) alcanzó la cifra de 23,996 millones de dólares. De ese monto, el gobierno ya sustrajo en concepto de Bonos del Tesoro y Bonos de Deuda Soberana 7.222 millones de dólares; por lo que actualmente, el fondo de los futuros pensionados sólo es de 16.744 millones de dólares, siendo poco menos que improbable que el Estado honre con la devolución de esos recursos.
Contrariamente a ello, su intención es apropiarse de ese “gran botín” para continuar con el despilfarro irracional empleándola para gastos corrientes (sueldos) en su gran mayoría; tapar los huecos deficitarios de empresas en quiebra como YPFB; inversiones carentes de estudios de mercado como el Teleférico de La Paz, cuyo costo fue de 900 millones de dólares -con un sobreprecio del 30% en su construcción- y sólo es utilizado por el 5% de la población trabajadora y, recientemente el Tren Metropolitano de Cochabamba.
Entonces tiene sentido la creación mediante Ley de 2010 de la estructura que administrará el “tesoro” que aún queda del fondo de pensiones a través de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo que, más allá de constituirse en la caja predilecta para cubrir el “déficit fiscal”, permitirá seguir encandilando a los incautos ilusos con la vigencia quimérica del “milagro económico” a la boliviana.
M.Sc. MARCELO CHINCHE CALIZAYA
DOCENTE e INVESTIGADOR
COLUMNA ENTRELINEAS
C.I. 4391643-Cbba
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