FUEGO CRUZADO

El país nuevamente es testigo de las disputas por ocupar el control del gobierno central entre dos facciones dentro del MAS; cuya angurria desmedida, viene ocasionando pérdidas económicas millonarias a raíz del bloqueo de carreteras del eje troncal como medida de presión para el tratamiento y aprobación de una Ley de convocatoria a elecciones judiciales paralizada desde abril de 2023. 

Además de desnudar la incompetencia de una bancada azul fragmentada e incapaz de gobernar “bajo consensos” con las demás fuerzas políticas al interior de una Asamblea Legislativa; también evidencia la ausencia de desprendimientos honestos para anteponer el bien mayor por encima de intereses y prácticas insanas de manipulación, sometimiento y resquebrajamiento de la institucionalidad, autonomía e independencia del Poder Judicial al poder político.

El juego cruzado entre los denominados “conservadores” y “renovadores” apenas empieza; pues el deseo insaciable de dominio absoluto y la desesperación por retornar otra vez a disfrutar de las mieles del poder, representan la antesala de los comicios presidenciales del 2025 en un partido que debe resolver prontamente quién será su candidato.

De hecho, las recientes medidas de presión instruidas desde el Chapare para exigir la renuncia de las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), denotan una pulseta fehaciente contra la determinación gubernamental de dar continuidad a los cargos en apego a la Declaración Constitucional Plurinacional (DCP) 0049/2023 que dispone la prórroga de mandato de autoridades en actual ejercicio, entretanto no se elijan y posesionen a las nuevas autoridades. En todo caso, previo a tratar la ley corta de elecciones judiciales en el seno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ASP) debe cumplirse o en su defecto abrogarse la DCP 0049/23 y su vigencia.

El ala conservadora del “evismo” ha mostrado su incomodidad ante las determinaciones de ese órgano que, en diciembre de 2023, emitió la sentencia constitucional que indica que la reelección indefinida "no es un derecho humano" y que en Bolivia se aplica "una única vez". Tal determinación anula la intención de su líder cocalero Evo Morales de ser candidato el 2025, pues ya gobernó en tres ocasiones (2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019).

De ahí que el itinerario político por el que transita Evo Morales es por demás amargo y escabroso, toda vez que gran parte de quienes fueran leales correligionarios de su partido encaramados en el Poder Ejecutivo, le han demostrado que su presencia no sólo fastidia, sino que también ya no lo necesitan, repitiéndole hasta el hartazgo que no es dueño de la parafernalia verbal del “proceso de cambio” ni del instrumento político.

Por su parte, el ala renovadora del “arcismo” además de pretender cerrar las opciones de habilitación de Morales, también está empeñada en sostener una inconsistente dinamización del mercado interno por medio de la inversión pública que oxigene la falacia del “milagro económico boliviano” que siempre estuvo apuntalado en el “déficit financiado con deuda”. La fragilidad de este modelo queda al descubierto por la caída estrepitosa de las Reservas Internacionales (RIN), la imposibilidad de cubrir el aparatoso gasto estatal, la pesada e insufrible subvención a los hidrocarburos, la caída de los altos precios del petróleo en el mercado internacional, la fuga de dólares al exterior o la crítica situación de las reservas de gas que representa la principal materia prima exportable. A pesar de ello, buscan cristalizar la continuidad presidencial de Luis Arce por cinco años más.

Queda esperar que los conflictos al interior del partido gobernante MAS no inviabilicen nuevamente la convocatoria a elecciones judiciales para su renovación, así como la consolidación de la tan ansiada independencia del poder político. No obstante, garantizar una profunda reforma de la administración de justicia exige construir consensos en base al diálogo de una clase política representada en la ALP que no puede deslindar su deber y responsabilidad -tal como lo hizo recientemente- por el bien de la justicia en Bolivia.

M.Sc. MARCELO CHINCHE CALIZAYA

DOCENTE e INVESTIGADOR

COLUMNA ENTRELINEAS

C.I. 4391643-Cbba