Ley de Imprenta, siempre actual y necesaria

Hernán Cabrera M.

Periodista y ex dirigente sindical de la prensa

Sus 97 años de vigencia le dan la fortaleza y la enorme necesidad de preservarla y cumplirla. Es la Ley de Imprenta, promulgada el 19 de enero de 1925, la misma que siempre ha sido un fuerte dolor de cabeza en los gobernantes de todos los niveles de gobierno.

Más que un derecho para los trabajadores de la prensa es una obligación evitar cualquier perforación o atentado contra esta poderosa ley, a través de la cual el periodista puede informar, denunciar, orientar y fiscalizar en democracia o dictadura al poder y a quienes están cerca del poder. La Ley de Imprenta es una  garantía democrática para el trabajo de los periodistas, cuya misión es servir al pueblo apegado a la verdad.

En reiteradas oportunidades desde los gobernantes se pretende vulnerar este derecho de la prensa y para ello se prestan al juego los fiscales y jueces, que, con ignorancia y complicidad, quieren obligar a los periodistas a develar sus fuentes informativas, cuando éstos informan sobre un hecho de corrupción.

El caso del alcalde de Yacuiba y un juez que están acosando al periodista Roberto Puma a que les diga quién le pasó datos o documentos de un hecho de corrupción, constituye un golpe bajo al periodismo. El problema está en el desconocimiento de la justicia que de forma inmediata debe declinar su competencia y remitir al Tribunal de Imprenta este caso.  Eso lo saben ellos, pero o son ignorantes, irresponsables o se ponen de rodillas ante el poder.

Este caso como muchos otros debe movilizar a las organizaciones sindicales, profesionales y empresariales de la prensa boliviana en repudio a estas intenciones destructoras de la institucionalidad del periodismo, porque de lo que se pretende es generar mecanismos de censura y de autocensura, situaciones que no se pueden admitir bajo ninguna circunstancia.

¿Por qué es importante el secretario de materia de imprenta para el ejercicio del periodismo?

Para investigar al poder y a sus representantes en el ejercicio de sus funciones públicas, en casos comprometidos con la ilegalidad, la corrupción, los nexos ilícitos con el contrabando, narcotráfico o especuladores.

Para denunciar, previa comprobación de los elementos, a todo funcionario público que cometa actos dolosos y de corrupción.

Para coadyuvar al buen ejercicio de la función pública del Presidente, vicepresidente, ministros, parlamentarios, jueces, fiscales, policías, gobernadores, alcaldes y concejales.

Para cualificar el nivel del periodismo en Bolivia, que debe retomar la ruta de investigar al poder.

Para dar garantías al periodista que investiga, que indaga, que compruebe las denuncias y las pueda difundir, sin sufrir procesos ni cárceles ni multas.

Para garantizar al ciudadano su derecho a la información, a la opinión y a que conozca el destino de los recursos económicos del Estado.

Para los que ejercen el poder no mientan al pueblo, ni engañen con discursos demagógicos y acciones totalitarias.

Para que la justicia sea un derecho humano y no una guillotina de venganza o de odio.

Para que no exista impunidad en ninguna esfera del poder.

Para fortalecer la democracia y el ejercicio de los derechos humanos en el Estado Plurinacional.

Esta es la fortaleza del secreto profesional en prensa.