Para desventura de los defensores del sobredimensionado “milagro económico”, el país experimenta un inminente déficit fiscal que, por un lado, desarma la supuesta solidez y blindaje del sistema financiero incapaz de generar ingresos de manera sostenida y por otro, evidencia la mala praxis de una administración débil a momento de controlar la falta de liquidez para sufragar gastos presupuestarios sino es a través del endeudamiento.

De hecho, el publicitado “modelo económico plural” no es otra cosa que la combinación del estatismo en áreas estratégicas de la economía como el gas y la electricidad -vía la nacionalización de recursos naturales- con la alianza con el sector privado a cargo de las grandes agroindustrias nacionales principalmente del oriente del país; el comercio de gran escala y las finanzas en una suerte de coexistencia pacífica con el conglomerado de pequeños emprendimientos artesanales y comerciales que si bien concentra la mayor cantidad de fuerza de trabajo, no cumple con las leyes laborales e impositivas vigentes.

Para este modelo existen dos sectores: uno “generador de excedentes” compuesto por las actividades petrolera, minera y eléctrica y el otro “generador de ingresos y empleos” constituido por el sector de manufacturas, actividades agropecuarias, construcción, turismo y otros. Su funcionamiento esta dado por el control del Estado del primer sector (generador de excedentes) convirtiéndose en el principal actor de la economía que transfiere tales excedentes al segundo sector por la vía del gasto público y la redistribución económica.

Algunos factores que explican su insostenibilidad son: el fin del súper ciclo de las materias primas; el “final del ciclo del gas” y la caída de ingresos por exportaciones a consecuencia del desgaste natural de los campos de producción; la falta de inversiones para garantizar nuevas reservas; la quema indiscriminada de gas en plantas estatales deficitarias y las malas decisiones de un gobierno que apostó ilusoriamente a la industrialización de los hidrocarburos que nunca terminó de despegar.

Frente al escenario del déficit fiscal el gobierno decidió financiarlo con mayor deuda pública y las Reservas Internacionales, ahondando aún más la inestabilidad macroeconómica de la economía boliviana. Recientemente, la agencia calificadora Fitch Ratting redujo las calificaciones crediticias soberanas de largo plazo de “B-” a “CCC” con una “perspectiva negativa” debido a “mayores vulnerabilidades externas”, la significativa disminución de las Reservas Internacionales (RIN), que incrementa los “riesgos para la estabilidad macroeconómica y la capacidad de servicio de la deuda” a consecuencia de los altos déficits fiscales y la escasa transparencia sobre los activos del Banco Central de Bolivia.

Este gobierno no logra comprender que su mayor problema es el elevado gasto público, la creación de empresas deficitarias con una carga social irracional; la subvención insostenible de carburantes (gasolina, diesel) que en la gestión 2023 ya superó los $us. 3000 millones de importación y según el Presupuesto General del Estado 2024 se prevé destinar la cifra histórica de $us. 3596 millones. Todo ello viene generando la inestabilidad económica y la alta especulación de alto riesgo que se traduce en la falta de dólares y la falta de RIN. Desde el 2014 el gobierno no tomó previsiones para ajustar las inversiones y peor aún los excesivos gastos a pesar de que fueron cayendo sustancialmente los ingresos. No se necesita estudiar economía para comprender que cuando los ingresos disminuyen ostensiblemente, es imperativo ajustar y reducir los gastos.

El efecto directo de tales políticas da cuenta de una nueva normalidad: “hay que raspar la olla para vivir el día” que, en un sentido da cuenta de una crisis estructural (político, social, cultural y económico) y, por otro, evidencia un mercado interno que hace mucho se ha convertido en “mercado intento”: de crecer, de no retroceder, de no cerrar. De ahí que es imperativo realizar ajustes para consolidar una política fiscal de mercado capaz de reducir los altos subsidios; recortar las planillas estatales -por cierto, una de las más altas de Latinoamérica-; fomentar la participación de las empresas privadas con mejores condiciones de inversión; así como la adopción de un sistema de regulación real del régimen de cambio del dólar que no involucre la desacumulación de Reservas Internacionales tal como viene sucediendo.

M.Sc. MARCELO CHINCHE CALIZAYA

DOCENTE e INVESTIGADOR

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El país nuevamente es testigo de las disputas por ocupar el control del gobierno central entre dos facciones dentro del MAS; cuya angurria desmedida, viene ocasionando pérdidas económicas millonarias a raíz del bloqueo de carreteras del eje troncal como medida de presión para el tratamiento y aprobación de una Ley de convocatoria a elecciones judiciales paralizada desde abril de 2023. 

Además de desnudar la incompetencia de una bancada azul fragmentada e incapaz de gobernar “bajo consensos” con las demás fuerzas políticas al interior de una Asamblea Legislativa; también evidencia la ausencia de desprendimientos honestos para anteponer el bien mayor por encima de intereses y prácticas insanas de manipulación, sometimiento y resquebrajamiento de la institucionalidad, autonomía e independencia del Poder Judicial al poder político.

El juego cruzado entre los denominados “conservadores” y “renovadores” apenas empieza; pues el deseo insaciable de dominio absoluto y la desesperación por retornar otra vez a disfrutar de las mieles del poder, representan la antesala de los comicios presidenciales del 2025 en un partido que debe resolver prontamente quién será su candidato.

De hecho, las recientes medidas de presión instruidas desde el Chapare para exigir la renuncia de las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), denotan una pulseta fehaciente contra la determinación gubernamental de dar continuidad a los cargos en apego a la Declaración Constitucional Plurinacional (DCP) 0049/2023 que dispone la prórroga de mandato de autoridades en actual ejercicio, entretanto no se elijan y posesionen a las nuevas autoridades. En todo caso, previo a tratar la ley corta de elecciones judiciales en el seno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ASP) debe cumplirse o en su defecto abrogarse la DCP 0049/23 y su vigencia.

El ala conservadora del “evismo” ha mostrado su incomodidad ante las determinaciones de ese órgano que, en diciembre de 2023, emitió la sentencia constitucional que indica que la reelección indefinida “no es un derecho humano” y que en Bolivia se aplica “una única vez”. Tal determinación anula la intención de su líder cocalero Evo Morales de ser candidato el 2025, pues ya gobernó en tres ocasiones (2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019).

De ahí que el itinerario político por el que transita Evo Morales es por demás amargo y escabroso, toda vez que gran parte de quienes fueran leales correligionarios de su partido encaramados en el Poder Ejecutivo, le han demostrado que su presencia no sólo fastidia, sino que también ya no lo necesitan, repitiéndole hasta el hartazgo que no es dueño de la parafernalia verbal del “proceso de cambio” ni del instrumento político.

Por su parte, el ala renovadora del “arcismo” además de pretender cerrar las opciones de habilitación de Morales, también está empeñada en sostener una inconsistente dinamización del mercado interno por medio de la inversión pública que oxigene la falacia del “milagro económico boliviano” que siempre estuvo apuntalado en el “déficit financiado con deuda”. La fragilidad de este modelo queda al descubierto por la caída estrepitosa de las Reservas Internacionales (RIN), la imposibilidad de cubrir el aparatoso gasto estatal, la pesada e insufrible subvención a los hidrocarburos, la caída de los altos precios del petróleo en el mercado internacional, la fuga de dólares al exterior o la crítica situación de las reservas de gas que representa la principal materia prima exportable. A pesar de ello, buscan cristalizar la continuidad presidencial de Luis Arce por cinco años más.

Queda esperar que los conflictos al interior del partido gobernante MAS no inviabilicen nuevamente la convocatoria a elecciones judiciales para su renovación, así como la consolidación de la tan ansiada independencia del poder político. No obstante, garantizar una profunda reforma de la administración de justicia exige construir consensos en base al diálogo de una clase política representada en la ALP que no puede deslindar su deber y responsabilidad -tal como lo hizo recientemente- por el bien de la justicia en Bolivia.

M.Sc. MARCELO CHINCHE CALIZAYA

DOCENTE e INVESTIGADOR

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De nuevo la mano criminal de aquellos depredadores de la naturaleza viene provocando uno de los más graves desastres ambientales en el país; cuyos efectos abrumadores se traducen en la destrucción irreversible de ecosistemas y los organismos que en ellos coexisten -bióticos y abióticos-; contaminación de vertientes de aguas y aire tóxico; sobreexplotación, desmonte ilegal y deforestación de áreas protegidas con fines de  ampliación de tierras de cultivo y ganadería al igual que plantaciones de coca ilegales.

De acuerdo al reporte publicado el 23 de junio de 2021 por la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) y Wildlife Conservation Society (WCS), entre enero y diciembre de 2020 un total de 4,5 millones de hectáreas fueron afectadas por incendios forestales en todo el país. Las cifras están lideradas por los departamentos del Beni que registra 54% en promedio de superficie quemada anual del total del país; Santa Cruz (38%); La Paz (6%) y Cochabamba (1%); dañando áreas protegidas nacionales y subnacionales, siendo Santa Cruz la región que en mayor grado ha perdido superficie de bosque primario húmedo (12%) entre 2002 y 2020 por deforestación mediante incendios y otras causas (regeneración de pastizales, expansión de la frontera agrícola y ganadera).

La gravedad de tales acciones está lejos de ser controlada y sancionada por un Estado laxo e insufrible ante el inminente “ecocidio criminal” sin precedentes que acelera el efecto invernadero, el desequilibrio medioambiental y la baja de la calidad del aire. Este último, libera niveles altos de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y azufre que, al ser compuestos orgánicos volátiles y partículas finas, representan amenazas reales a la salud humana por la exposición prolongada al aire dañino. Entre los variados síntomas se advierten irritaciones oculares, respiratorias, cardíacas o pulmonares, además de enfermedades que acortan la vida (asma, bronquitis, enfisema y posiblemente cáncer).

De acuerdo al Índice de Calidad del Aire (ICA), los incendios y quemas masificadas registrados en la ciudad de Santa Cruz (reserva forestal El Choré) el pasado 23 de octubre, provocó la emisión de grandes cantidades de humo, partículas y gases contaminantes alcanzando el pico más alto de 313 microgramos por metro cúbico (µg/m³) de partículas en el aire siendo catalogado como “extremadamente malo”.

La afectación a la madre tierra en el caso boliviano, irónicamente es respaldada por un bloque de Leyes y decretos supremos sancionados desde el 2005 autorizando quemas irracionales y la ampliación de fronteras agropecuarias. Entre el 2013 y 2019 se han aprobado al menos 10 normas que admiten y legalizan la quema indiscriminada de bosques para beneficiar a los grandes capitales del agro negocio y ganadería, principalmente del oriente del país. A ello se agregan las acciones de “grupos delincuenciales” que trafican con tierras fiscales, avasallamientos de tierras, territorios y áreas protegidas para la siembra y expansión de cultivos ilegales de coca. Tales extremos, al parecer, vienen suscitándose en absoluta complicidad silenciosa de instancias gubernamentales como el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA); la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT); Ministerios de Medio Ambiente y Agua, Salud y Deportes entre otros.

Tal como indica el viejo adagio “para muestra un botón”, el reciente atentado canallesco ambiental registrado en la reserva forestal El Choré, incendiada desde hace un mes atrás, no fue intervenida oportunamente por las autoridades nacionales por ser esta tierra fiscal y reserva forestal; probablemente quizá porque en ella se encuentran asentados sindicatos afiliados a las federaciones cocaleras del trópico de Cochabamba, quienes arrasaron impunemente más de 100 mil hectáreas para el cultivo ilegal de coca impulsada por las mafias organizadas dedicadas a la actividad ilícita del narcotráfico.

Cuán lejos estamos de garantizar el cuidado, protección y preservación del ecosistema como elemento vital y esencial para el bienestar de la humanidad, así como los derechos de las futuras generaciones. La tierra y el medio ambiente están siendo gravemente dañadas y lesionadas de forma irreversible por la acción desmesurada y permisiva de un Estado pusilánime e ineficiente que observa pasivamente el criminal ecocidio en Bolivia.

M.Sc. MARCELO CHINCHE CALIZAYA

DOCENTE e INVESTIGADOR

COLUMNA ENTRELINEAS

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