De nuevo la mano criminal de aquellos depredadores de la naturaleza viene provocando uno de los más graves desastres ambientales en el país; cuyos efectos abrumadores se traducen en la destrucción irreversible de ecosistemas y los organismos que en ellos coexisten -bióticos y abióticos-; contaminación de vertientes de aguas y aire tóxico; sobreexplotación, desmonte ilegal y deforestación de áreas protegidas con fines de  ampliación de tierras de cultivo y ganadería al igual que plantaciones de coca ilegales.

De acuerdo al reporte publicado el 23 de junio de 2021 por la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) y Wildlife Conservation Society (WCS), entre enero y diciembre de 2020 un total de 4,5 millones de hectáreas fueron afectadas por incendios forestales en todo el país. Las cifras están lideradas por los departamentos del Beni que registra 54% en promedio de superficie quemada anual del total del país; Santa Cruz (38%); La Paz (6%) y Cochabamba (1%); dañando áreas protegidas nacionales y subnacionales, siendo Santa Cruz la región que en mayor grado ha perdido superficie de bosque primario húmedo (12%) entre 2002 y 2020 por deforestación mediante incendios y otras causas (regeneración de pastizales, expansión de la frontera agrícola y ganadera).

La gravedad de tales acciones está lejos de ser controlada y sancionada por un Estado laxo e insufrible ante el inminente “ecocidio criminal” sin precedentes que acelera el efecto invernadero, el desequilibrio medioambiental y la baja de la calidad del aire. Este último, libera niveles altos de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y azufre que, al ser compuestos orgánicos volátiles y partículas finas, representan amenazas reales a la salud humana por la exposición prolongada al aire dañino. Entre los variados síntomas se advierten irritaciones oculares, respiratorias, cardíacas o pulmonares, además de enfermedades que acortan la vida (asma, bronquitis, enfisema y posiblemente cáncer).

De acuerdo al Índice de Calidad del Aire (ICA), los incendios y quemas masificadas registrados en la ciudad de Santa Cruz (reserva forestal El Choré) el pasado 23 de octubre, provocó la emisión de grandes cantidades de humo, partículas y gases contaminantes alcanzando el pico más alto de 313 microgramos por metro cúbico (µg/m³) de partículas en el aire siendo catalogado como “extremadamente malo”.

La afectación a la madre tierra en el caso boliviano, irónicamente es respaldada por un bloque de Leyes y decretos supremos sancionados desde el 2005 autorizando quemas irracionales y la ampliación de fronteras agropecuarias. Entre el 2013 y 2019 se han aprobado al menos 10 normas que admiten y legalizan la quema indiscriminada de bosques para beneficiar a los grandes capitales del agro negocio y ganadería, principalmente del oriente del país. A ello se agregan las acciones de “grupos delincuenciales” que trafican con tierras fiscales, avasallamientos de tierras, territorios y áreas protegidas para la siembra y expansión de cultivos ilegales de coca. Tales extremos, al parecer, vienen suscitándose en absoluta complicidad silenciosa de instancias gubernamentales como el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA); la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT); Ministerios de Medio Ambiente y Agua, Salud y Deportes entre otros.

Tal como indica el viejo adagio “para muestra un botón”, el reciente atentado canallesco ambiental registrado en la reserva forestal El Choré, incendiada desde hace un mes atrás, no fue intervenida oportunamente por las autoridades nacionales por ser esta tierra fiscal y reserva forestal; probablemente quizá porque en ella se encuentran asentados sindicatos afiliados a las federaciones cocaleras del trópico de Cochabamba, quienes arrasaron impunemente más de 100 mil hectáreas para el cultivo ilegal de coca impulsada por las mafias organizadas dedicadas a la actividad ilícita del narcotráfico.

Cuán lejos estamos de garantizar el cuidado, protección y preservación del ecosistema como elemento vital y esencial para el bienestar de la humanidad, así como los derechos de las futuras generaciones. La tierra y el medio ambiente están siendo gravemente dañadas y lesionadas de forma irreversible por la acción desmesurada y permisiva de un Estado pusilánime e ineficiente que observa pasivamente el criminal ecocidio en Bolivia.

M.Sc. MARCELO CHINCHE CALIZAYA

DOCENTE e INVESTIGADOR

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La evaluación docente constituye un ámbito de especial interés para la educación, en tanto se halla vinculado al mejoramiento de los procesos de enseñanza y el logro de aprendizajes significativos; el desempeño pedagógico en el espacio académico en el que circulan la producción y desarrollo de conocimientos. Representa la oportunidad de dar cuenta de aquellas acciones que convierten el trabajo del docente en objeto de análisis y reflexión sobre la cotidianeidad que guía su actuación como agente educativo transmisor de saberes, sin dejar de mirar y comprender aquello que efectivamente acontece en el aula y en la vida académica.

Sin duda, una dificultad de primer orden está dada por su carácter polisémico en su definición y alcance asociadas a ella (valorar, juzgar, verificar, medir, estimar, interpretar, comprender, conocer, comparar, aprehender, cifrar, apreciar, etc.). Desde una tradición clásica fue empleada con fines de comprobación y evidencia de aprendizajes logradas en los estudiantes resultantes de procesos instructivo-formativos desplegados por el docente; la posibilidad de emitir juicios de valor sustentados en datos objetivos e información pertinente y suficiente que permita determinar en qué medida se han cumplido los objetivos y metas de calidad estandarizadas por las instituciones educativas. Tal orientación fue ampliamente influencia por modelos cuantitativos y mentalidades tecnocráticas donde la evaluación era concebida como instrumento de control y medición. Progresivamente pasa a ser vista como un instrumento eficaz que posibilita la retroalimentación y acompañamiento del proceso enseñanza-aprendizaje; el valor y sentido del hecho educativo, así como la comprensión holística de la cotidianeidad del espacio académico.

Más allá de producir reflexiones sobre los objetivos y fines de su aplicación, debe interesarse en analizar y detectar si tal o cual práctica docente se adecúa efectivamente a las particularidades de un grupo y a las necesidades de los estudiantes; la identificación de dificultades en la enseñanza, la planificación y programación educativa; además de examinar reflexivamente las fortalezas y debilidades de desempeño con el propósito de implementar acciones de mejora continua de resultados educativos.

De ahí que evaluar implica, por un lado, reflexionar acerca de la actuación docente en el espacio académico y por otro, analizar el despliegue y producción de prácticas en el aula. En esa dirección, resulta imposible no estar expuestos a las críticas de actores que, a modo de comunidades académicas, promueven apreciaciones que desnudan falencias y debilidades, pero al mismo tiempo, sugieren estrategias y medidas correctivas producidas desde la experiencia compartida; así como la profundización del debate acerca del modo o las formas de efectivizar la evaluación.

Lo cierto es que la evaluación debe asumir un carácter integral que coadyuve al desarrollo del proceso educativo, además de prescribir el horizonte desde el cual sea posible evidenciar cambios sustanciales en la formación de nuestros estudiantes. Un proceso que, a modo de acompañamiento, exprese nítidamente que tanto docentes como estudiantes, estamos para aprender y mejorar continuamente nuestros roles y capacidades. Tales ejercicios implican, por un lado, promover “automiradas” crítico-reflexivas sobre la propia práctica pedagógica y, por otro, estar continuamente expuestos a examinaciones por pares académicos, estudiantes y la comunidad en general que, lejos de promover críticas, cuestionamientos y polémicas, representen espacios enriquecedores de crecimiento, mejora e innovación tan esenciales para repensar los objetivos y metas de una evaluación integral que involucra tanto a docentes como a estudiantes; que sea referencial –por tanto no definitoria- para evidenciar progresos en los estudiantes al igual que la aplicación de buenas prácticas para los docentes y, sobre todo autentica, en tanto sea capaz de favorecer la procesos de aprendizaje autónomos.

Entonces, el desafío es consolidar una evaluación que supere definitivamente la mera calificación centrada en privilegiar la memoria y la repetición por otra centrada en el acompañamiento de procesos de construcción de aprendizajes significativos, resaltando la importancia de la relación intrínseca de la teoría y práctica, así como evidenciar aquello que efectivamente los estudiantes saben hacer, crear, construir y argumentar de manera fundamentada. O, lo que es lo mismo, cuando un buen docente logra que sus estudiantes aprendan y alcancen rendimientos académicos óptimos, resulta innecesario observar el trabajo de cada docente para valorar su propio desempeño; pues será suficiente realizar inferencias a partir de los rendimientos alcanzados en un determinado periodo de tiempo.

M.Sc. MARCELO CHINCHE CALIZAYA

DOCENTE e INVESTIGADOR

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La situación económica que atraviesa el país definitivamente merece un análisis profundo ajeno a cualquier tipo de apasionamientos sean estos de orden oficialista o de oposición; ya que los fantasmas de una inminente crisis fiscal asoman cada vez con más fuerza ante el accionar pusilánime de un gobierno desesperado por sostener la falacia del “milagro económico boliviano”.

Atrás quedó el marketing publicitado hasta el hartazgo del modelo económico que daba cuenta de la solidez y blindaje del sistema financiero al punto de equiparar nuestra realidad con la de países de primer mundo. Nada más falso e ilusorio de ese modelo incapaz de generar ingresos propios de manera sostenida y con resultados irrebatibles; pues su supuesta solidez y blindaje siempre estuvo apuntalado en el “déficit financiado con deuda”.

Las señales inminentes de esta crisis refieren a la caída estrepitosa de las reservas Internacionales (RIN), la imposibilidad de cubrir el aparatoso gasto estatal; el despilfarro sistemático de recursos en “obras faraónicas” sin sentido y las más de las veces, carentes de estudios de factibilidad efectuados en esta y en la anterior administración; la pesada e insufrible subvención a los hidrocarburos; la caída de los altos precios del petróleo en el mercado internacional que mermaron significativamente los ingresos por la venta de gas natural a Brasil y Argentina. A ello se agregan las prácticas perniciosas de un Estado que ahuyenta la inversión extranjera a través de violaciones sistemáticas a la propiedad privada; la subyugación del sistema judicial a los intereses de un gobierno que no ha dudado de utilizarla para promover persecuciones tributarias por doquier. 

Empiezan a aflorar los efectos de este sombrío escenario como la falta de liquidez de recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) que no posee fuentes legítimas de dónde obtenerlos, sumados al fracaso porfiado del gobierno de recurrir a préstamos internacionales con tazas razonables. Esto último no debía de extrañarnos, ya que, a modo de ironía, significaría apreciar a un “Rey” recurrir a la casa del mendigo a cubrir sus necesidades básicas.

Al respecto, la agencia internacional de calificación crediticia Fitch Ratings (Nueva York–Londres), recientemente asignó a Bolivia una rebaja en la calificación de Incumplimiento de Emisor (IDR) de B a B-, que implica pasar de estable a negativa a raíz del agotamiento de reservas de liquidez externa, situación que incrementa la incertidumbre y los riesgos macroeconómicos a corto plazo. Como era de esperarse, los voceros de gobierno aún pregonan el “milagro de la economía boliviana” recurriendo al extenuado monólogo de la estabilidad económica post-pandemia y a un contexto de incertidumbre global. Pero, ¿hasta cuándo sustentarán tales argucias?

La desesperación por sostener su “milagro económico”, los ha llevado a recurrir insanamente a los fondos de las jubilaciones futuras de los bolivianos que, desde 1997 son controladas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) BBVA Previsión y Futuro de Bolivia. De acuerdo a los datos de la Autoridad de Fiscalización y Control de pensiones y Seguros (APS) a septiembre de 2022, el ahorro del Sistema Integrado de Pensiones (SIP) alcanzó la cifra de 23,996 millones de dólares. De ese monto, el gobierno ya sustrajo en concepto de Bonos del Tesoro y Bonos de Deuda Soberana 7.222 millones de dólares; por lo que actualmente, el fondo de los futuros pensionados sólo es de 16.744 millones de dólares, siendo poco menos que improbable que el Estado honre con la devolución de esos recursos.       

Contrariamente a ello, su intención es apropiarse de ese “gran botín” para continuar con el despilfarro irracional empleándola para gastos corrientes (sueldos) en su gran mayoría; tapar los huecos deficitarios de empresas en quiebra como YPFB; inversiones carentes de estudios de mercado como el Teleférico de La Paz, cuyo costo fue de 900 millones de dólares -con un sobreprecio del 30% en su construcción- y sólo es utilizado por el 5% de la población trabajadora y, recientemente el Tren Metropolitano de Cochabamba.

Entonces tiene sentido la creación mediante Ley de 2010 de la estructura que administrará el “tesoro” que aún queda del fondo de pensiones a través de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo que, más allá de constituirse en la caja predilecta para cubrir el “déficit fiscal”, permitirá seguir encandilando a los incautos ilusos con la vigencia quimérica del “milagro económico” a la boliviana.

M.Sc. MARCELO CHINCHE CALIZAYA

DOCENTE e INVESTIGADOR

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