Las continuas desavenencias internas surgidas al interior del partido gobernante MAS han rebasado los antagonismos y tensiones habituales provocadas por la vigencia de facciones “evistas” y “arcistas”, convirtiéndose en una guerra abierta de agresiones descarnadas y frontales entre sectores sociales y sus líderes políticos. Tal situación evidencia un proceso de implosión y una escalada de crisis de base, por cuanto las organizaciones sociales que dieron lugar al nacimiento de este partido, también se encuentran profundamente divididas. 

Quedó en segundo plano la preocupación por resolver la apremiante situación económica nacional al borde de una estrepitosa crisis que tiene como raíz innegable su enfermiza interdependencia hacia la divisa norteamericana tan escaza en este último tiempo; el agotamiento inexorable de las reservas internacionales, el creciente endeudamiento y la escasez de combustible a consecuencia de los continuos fracasos del sector hidrocarburiferico con un costo que supera los $us 1000 millones en 12 proyectos gasíferos con resultados negativos en Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz y Cochabamba. La incapacidad para reponer reservas y mantener la producción explica la escasez de carburantes y un descenso significativo de las ya incipientes reservas de gas natural que otrora, sustentó la falacia del “milagro boliviano”; según estadísticas oficiales descendió de 56,6 millones de metros cúbicos (Mmcd) en 2016 a 31,9 Mmcd en 2023.  

El país se encuentra en medio de la inminente fractura de facciones evistas y arcistas, cuyas agendas yuxtapuestas desembocan en un objetivo común: lograr el control total y absoluto del poder político, tan vital para la supervivencia del liderazgo partidario interno decisivo para la candidatura a los comicios nacionales de agosto del 2025. Ello explica los cruces verbales elevados de tono que desnudan, por un lado, la angurria de retornar al poder del obcecado y limitado vividor sindicalista cocalero y, por otro, la intención manifiesta de repostulación del actual presidente.  

De hecho, el verdadero trasfondo de la movilización encabezada por Morales denominada “Gran marcha nacional para salvar Bolivia: por la vida, democracia y revolución”, en realidad, es una más de las tan acostumbradas pataletas de infante ensimismado por forzar su habilitación y candidatura presidencial. Empresa por demás escabrosa, pues ya no ejerce control para manipular a un Tribunal Constitucional Plurinacional que mediante Sentencia Constitucional 1010/2023 de 29/12/23, decidió anular la reelección presidencial indefinida continua o discontinua, lo cual supone su inhabilitación para terciar en las elecciones del 2025.  

Morales fiel a su estilo confrontacional y revanchista apostó al fracaso y boicot sistemático al gobierno de Arce, instruyendo a sus parlamentarios paralizar la aprobación de créditos externos por mas de 1000 millones de dólares. Ante este “ataque político”, Arce expulsó a los principales operados políticos de Morales, desestimó su influencia en las decisiones políticas internas, además de blindar con varios candados su repostulación. 

Tanto Morales como Arce, son exactamente lo mismo. Acusan a los demás de la falta de estabilidad política y económica del país, olvidando que su partido MAS gobierna más de 17 años: Morales 14 años (2006-2019) y Arce desde el 2020 hasta el 2025. Ambos han demostrado un menosprecio a la democracia, violentando cerrilmente la independencia y separación de poderes; pues siempre asumieron que el poder ejecutivo debe someter a los poderes legislativo y judicial, este último, funcional y utilitario para coartar la libertad de expresión, el sometimiento y persecución sistemática a una ya endeble oposición política. Resulta aún más grave que ambos son incapaces de superar la ambivalencia de un Movimiento Al Socialismo de ser o no ser un partido democrático, dado que hay un MAS de Evo Morales y un MAS de Luis Arce.  

Queda la esperanza de algún día librarnos de esta casta política incompetente, anodina y extraviada en sus devaneos de poder internos; mientras el país se encuentra en una encrucijada peligrosa que pone en jaque su estabilidad y hace concluir inequívocamente que Bolivia está sin gobierno. 

M.Sc. MARCELO CHINCHE CALIZAYA 

DOCENTE e INVESTIGADOR 

COLUMNA ENTRELINEAS 

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Para desventura de los defensores del sobredimensionado “milagro económico”, el país experimenta un inminente déficit fiscal que, por un lado, desarma la supuesta solidez y blindaje del sistema financiero incapaz de generar ingresos de manera sostenida y por otro, evidencia la mala praxis de una administración débil a momento de controlar la falta de liquidez para sufragar gastos presupuestarios sino es a través del endeudamiento.

De hecho, el publicitado “modelo económico plural” no es otra cosa que la combinación del estatismo en áreas estratégicas de la economía como el gas y la electricidad -vía la nacionalización de recursos naturales- con la alianza con el sector privado a cargo de las grandes agroindustrias nacionales principalmente del oriente del país; el comercio de gran escala y las finanzas en una suerte de coexistencia pacífica con el conglomerado de pequeños emprendimientos artesanales y comerciales que si bien concentra la mayor cantidad de fuerza de trabajo, no cumple con las leyes laborales e impositivas vigentes.

Para este modelo existen dos sectores: uno “generador de excedentes” compuesto por las actividades petrolera, minera y eléctrica y el otro “generador de ingresos y empleos” constituido por el sector de manufacturas, actividades agropecuarias, construcción, turismo y otros. Su funcionamiento esta dado por el control del Estado del primer sector (generador de excedentes) convirtiéndose en el principal actor de la economía que transfiere tales excedentes al segundo sector por la vía del gasto público y la redistribución económica.

Algunos factores que explican su insostenibilidad son: el fin del súper ciclo de las materias primas; el “final del ciclo del gas” y la caída de ingresos por exportaciones a consecuencia del desgaste natural de los campos de producción; la falta de inversiones para garantizar nuevas reservas; la quema indiscriminada de gas en plantas estatales deficitarias y las malas decisiones de un gobierno que apostó ilusoriamente a la industrialización de los hidrocarburos que nunca terminó de despegar.

Frente al escenario del déficit fiscal el gobierno decidió financiarlo con mayor deuda pública y las Reservas Internacionales, ahondando aún más la inestabilidad macroeconómica de la economía boliviana. Recientemente, la agencia calificadora Fitch Ratting redujo las calificaciones crediticias soberanas de largo plazo de “B-” a “CCC” con una “perspectiva negativa” debido a “mayores vulnerabilidades externas”, la significativa disminución de las Reservas Internacionales (RIN), que incrementa los “riesgos para la estabilidad macroeconómica y la capacidad de servicio de la deuda” a consecuencia de los altos déficits fiscales y la escasa transparencia sobre los activos del Banco Central de Bolivia.

Este gobierno no logra comprender que su mayor problema es el elevado gasto público, la creación de empresas deficitarias con una carga social irracional; la subvención insostenible de carburantes (gasolina, diesel) que en la gestión 2023 ya superó los $us. 3000 millones de importación y según el Presupuesto General del Estado 2024 se prevé destinar la cifra histórica de $us. 3596 millones. Todo ello viene generando la inestabilidad económica y la alta especulación de alto riesgo que se traduce en la falta de dólares y la falta de RIN. Desde el 2014 el gobierno no tomó previsiones para ajustar las inversiones y peor aún los excesivos gastos a pesar de que fueron cayendo sustancialmente los ingresos. No se necesita estudiar economía para comprender que cuando los ingresos disminuyen ostensiblemente, es imperativo ajustar y reducir los gastos.

El efecto directo de tales políticas da cuenta de una nueva normalidad: “hay que raspar la olla para vivir el día” que, en un sentido da cuenta de una crisis estructural (político, social, cultural y económico) y, por otro, evidencia un mercado interno que hace mucho se ha convertido en “mercado intento”: de crecer, de no retroceder, de no cerrar. De ahí que es imperativo realizar ajustes para consolidar una política fiscal de mercado capaz de reducir los altos subsidios; recortar las planillas estatales -por cierto, una de las más altas de Latinoamérica-; fomentar la participación de las empresas privadas con mejores condiciones de inversión; así como la adopción de un sistema de regulación real del régimen de cambio del dólar que no involucre la desacumulación de Reservas Internacionales tal como viene sucediendo.

M.Sc. MARCELO CHINCHE CALIZAYA

DOCENTE e INVESTIGADOR

COLUMNA ENTRELINEAS

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El país nuevamente es testigo de las disputas por ocupar el control del gobierno central entre dos facciones dentro del MAS; cuya angurria desmedida, viene ocasionando pérdidas económicas millonarias a raíz del bloqueo de carreteras del eje troncal como medida de presión para el tratamiento y aprobación de una Ley de convocatoria a elecciones judiciales paralizada desde abril de 2023. 

Además de desnudar la incompetencia de una bancada azul fragmentada e incapaz de gobernar “bajo consensos” con las demás fuerzas políticas al interior de una Asamblea Legislativa; también evidencia la ausencia de desprendimientos honestos para anteponer el bien mayor por encima de intereses y prácticas insanas de manipulación, sometimiento y resquebrajamiento de la institucionalidad, autonomía e independencia del Poder Judicial al poder político.

El juego cruzado entre los denominados “conservadores” y “renovadores” apenas empieza; pues el deseo insaciable de dominio absoluto y la desesperación por retornar otra vez a disfrutar de las mieles del poder, representan la antesala de los comicios presidenciales del 2025 en un partido que debe resolver prontamente quién será su candidato.

De hecho, las recientes medidas de presión instruidas desde el Chapare para exigir la renuncia de las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), denotan una pulseta fehaciente contra la determinación gubernamental de dar continuidad a los cargos en apego a la Declaración Constitucional Plurinacional (DCP) 0049/2023 que dispone la prórroga de mandato de autoridades en actual ejercicio, entretanto no se elijan y posesionen a las nuevas autoridades. En todo caso, previo a tratar la ley corta de elecciones judiciales en el seno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ASP) debe cumplirse o en su defecto abrogarse la DCP 0049/23 y su vigencia.

El ala conservadora del “evismo” ha mostrado su incomodidad ante las determinaciones de ese órgano que, en diciembre de 2023, emitió la sentencia constitucional que indica que la reelección indefinida “no es un derecho humano” y que en Bolivia se aplica “una única vez”. Tal determinación anula la intención de su líder cocalero Evo Morales de ser candidato el 2025, pues ya gobernó en tres ocasiones (2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019).

De ahí que el itinerario político por el que transita Evo Morales es por demás amargo y escabroso, toda vez que gran parte de quienes fueran leales correligionarios de su partido encaramados en el Poder Ejecutivo, le han demostrado que su presencia no sólo fastidia, sino que también ya no lo necesitan, repitiéndole hasta el hartazgo que no es dueño de la parafernalia verbal del “proceso de cambio” ni del instrumento político.

Por su parte, el ala renovadora del “arcismo” además de pretender cerrar las opciones de habilitación de Morales, también está empeñada en sostener una inconsistente dinamización del mercado interno por medio de la inversión pública que oxigene la falacia del “milagro económico boliviano” que siempre estuvo apuntalado en el “déficit financiado con deuda”. La fragilidad de este modelo queda al descubierto por la caída estrepitosa de las Reservas Internacionales (RIN), la imposibilidad de cubrir el aparatoso gasto estatal, la pesada e insufrible subvención a los hidrocarburos, la caída de los altos precios del petróleo en el mercado internacional, la fuga de dólares al exterior o la crítica situación de las reservas de gas que representa la principal materia prima exportable. A pesar de ello, buscan cristalizar la continuidad presidencial de Luis Arce por cinco años más.

Queda esperar que los conflictos al interior del partido gobernante MAS no inviabilicen nuevamente la convocatoria a elecciones judiciales para su renovación, así como la consolidación de la tan ansiada independencia del poder político. No obstante, garantizar una profunda reforma de la administración de justicia exige construir consensos en base al diálogo de una clase política representada en la ALP que no puede deslindar su deber y responsabilidad -tal como lo hizo recientemente- por el bien de la justicia en Bolivia.

M.Sc. MARCELO CHINCHE CALIZAYA

DOCENTE e INVESTIGADOR

COLUMNA ENTRELINEAS

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